EL 80 % SON EXPLOTADOS EN LABORES ILEGALES EN EL CERRO EL TORO

 El pasado jueves 12 de agosto, en una sesión extraordinaria del Consejo Regional de La Libertad, se aprobó el informe N° 001-2021- GRLL/CR-GVAQD que presentó un análisis, diagnóstico e identificación de las competencias y eventuales responsabilidades en relación a la problemática de la minería ilegal en Huamachuco, provincia de Sánchez Carrión.

Y si bien se debatió y aprobó por mayoría el mencionado informe elaborado por la Comisión Ordinaria de Energía, Minas e Hidrocarburos del consejo regional que exige la interdicción en el cerro El Toro y la participación de la Fiscalía, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio del Interior, así como a la Presidencia de Consejo de Ministros, la Sunat y  la Dirección General contra el Crimen Organizado.  Aún las autoridades competentes no han tomado acciones al respecto.  

En el informe se advierte que el 80 % es explotado y trabajan bajo ningún criterio técnico en labores ilegales en el cerro El Toro. De esta cantidad el 20 % son familias de bajos recursos económicos, muchos de ellos menores de edad, que laboran manipulando sustancias tóxicas como el mercurio y el cianuro. Las mafias que controlan el negocio llegan amenazar e incluso agredir a campesinos y funcionarios impidiendo toda inspección programada.

Las autoridades regionales y nacionales poco o nada  hacen para revertir dicha situación.  Solo se limitan a solicitar información cuando ocurra una nueva tragedia en la zona, según se señala en el documento. “Cuando ocurre algún accidente fatal sus acciones se circunscriben en solicitar “informe” a esta Gerencia Regional de sobre las “acciones realizadas y a realizarse” en el cerro El Toro y se olvidan de las constantes solicitudes enviadas desde el año 2016 y que hasta la fecha no existe un resultado concreto”, se lee en el escrito.

Asimismo, el informe describe que la minería ilegal  incrementó el crimen organizado asociado con el surgimiento de mafias y conflictos,  tráfico de armas, contrabando, trata de personas, entre otros delitos.  En un escenario de completa impunidad, en donde las  redes criminales encuentran el lugar perfecto para seguir operando ante la ausencia de las entidades competentes.

De igual modo, esta actividad ilegal genera conflictos sociales, pues las mafias que se han apoderado del Cerro “El Toro” se han concentrado en el  caserío de Shiracmaca y utilizan a los comuneros para oponerse a las operaciones formales, convirtiendo el lugar en una bomba de tiempo.  En la zona operan Jorge Espejo Moreno, los hermanos García,  Gonzales y los hermanos Sánchez Ballena.

No toman acciones

Las conclusiones y recomendaciones para frenar esta actividad criminal fueron entregadas al gobernador regional de La Libertad,  Manuel Llempén, para que sean implementadas y luego supervisadas por la Comisión de Energía, Minas e Hidrocarburos del Consejo Regional de La Libertad. Sin embargo, hasta el momento, no  ha demostrado mucho interés en el tema. Ni un total apoyo a la gerencia regional de Energía y Minas.

También se recomienda solicitar la participación del Ejército en los puestos de control  del ande liberteño  tras detectar denuncias que los mineros ilegales pagan cupos a malos agentes policiales para poder trasladar insumos químicos, explosivos y carbón activado, utilizados en la minería ilegal.  El ingreso por Laredo u Otuzco y la salida por Cajabamba son puntos que requieren control exhaustivo.

En Huamachuco el Mayor PNP, Jaime Tirado García, advirtió, en reiteradas oportunidades, que no tiene personal para enfrentar a la minería ilegal. Tiene gente que siempre va al caserío de Shiracmaca. Pero nunca encuentran nada. Los camiones cargados con mineral robado transitan hacia Trujillo sin contratiempo.

Por otro lado, existe la recomendación de conformar una mesa de trabajo para enfrentar la problemática de la Minería Ilegal e Informal en Huamachuco. Y también iniciar las acciones legales, solicitar un informe detallado de las muertes acontecidas en Huamachuco y se designe una Fiscalía Especializada que atienda de manera exclusiva los presuntos delitos que se vienen cometiendo en dicha zona.

La consejera Jennifer Catalán fue una de las autoridades que expresó su oposición a este informe. Para muchos lugareños lo lamentable fue verla después, apoyando al cuestionado pastor Oswaldo Alva Polo, vinculado con actividades mineras en la zona. En el lugar también opera  Jorge Espejo Moreno, procesado por homicidio culposo. En su socavón ilegal, hace unos meses fallecieron cuatro personas sin que hasta el día de hoy la Fiscalía se haya pronunciado.

Muchas veces el dinero sucio de esta actividad termina financiando campañas de personajes que ocupan cargos públicos. Se realizan colectas para recaudar dinero en zonas de actividad minera ilegal como Pataz y Sánchez Carrión.