EXIGEN A FISCALÍA NO ARCHIVE CASOS POR MUERTES A CAUSA DE LA MINERÍA ILEGAL - TRUJILLO ES HOY

jueves, 4 de noviembre de 2021

EXIGEN A FISCALÍA NO ARCHIVE CASOS POR MUERTES A CAUSA DE LA MINERÍA ILEGAL

 Se van a cumplir seis meses y hasta ahora la justicia  es esquiva para  los deudos  de los cuatro mineros que perdieron la vida al interior de un socavón ilegal  en el cerro El Toro, en la provincia de Sánchez Carrión.  La pesadilla de que las muertes de sus seres queridos queden en la más absoluta impunidad, como suele ocurrir en esta zona, los atormenta.

La tragedia ocurrió el  jueves 6 de mayo  en la labor  Minerals Doña Julia, de propiedad de  Jorge Espejo Moreno. Y por este lamentable acontecimiento, el sujeto es investigado por el presunto delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de homicidio culposo en agravio de los hermanos Alejandro Paulino Valderrama Altamirano, Esteban Hipólito Valderrama Altamirano, Ricardo Valderrama Altamirano y Merardo Fernández Acebedo.

Sin embargo, cada vez el anhelo de justicia se va alejando para los deudos ante la ineficiencia y lentitud de la Fiscalía de Huamachuco que pretendería archivar el caso.  Al respecto, el abogado de las víctimas, apoyado por una ONG dedicada a los derechos humanos, ha solicitado al Fiscal Adjunto de la Fiscalía Provincial Mixta de Sánchez Carrión, Ronald Urrutia Castillo, el impulso de la investigación y ha adjuntado los documentos que comprueban fehacientemente el deceso de las cuatro personas en el socavón ilegal de Minerals Doña Julia.  

“La investigación demasiado pasiva y que no cumple los roles establecidos para una de carácter fiscal, a tal punto que para el fiscal adjunto Urrutia Castillo no hay muertos. En esta zona la excusa es que “no hay cuerpo, no hay delito” y así las muertes quedan en la impunidad. Pero en este caso las viudas si están denunciando y adjuntando las pruebas de las muertes”, sostuvo un representante de la ONG.

Ante esta situación, se le hizo llegar el  acta con fecha 7 de mayo del presente año redactada por efectivos de la Policía que llegaron hasta el centro poblado de Lluchubamba en Cajabamba (Cajamarca). Allí,  según el acta policial, Augusta Altamirano Otiniano reveló que tres cuerpos sin vida fueron ingresados a su casa y que eran de sus tres hijos Ricardo, Esteban Hipólito y Alejandro Paulino Altamirano Valderrama. Habían sido trasladados desde la ciudad de Huamachuco en la camioneta de placa M4U-726, conducida por Alberto Rodríguez Calderón, tras encontrar la muerte en el socavón ilegal de Jorge Espejo Moreno.

Estos hechos fueron informados  ese mismo día al fiscal adjunto Urrutia Castillo quien dijo “tener conocimiento de los hechos ocurridos anteriormente y que ya existen diligencias de acuerdo a ley en la ciudad de Huamachuco y que dichos occisos tenían que ser trasladados a la ciudad de Huamachuco para la necropsia de ley”. Pero hasta el momento no se realizan estas diligencias.

El abogado y los deudos también  han alcanzado el certificado N.° 0004606, del 28 de octubre, emitido por la Subgerencia  de Registros Civiles de la Municipalidad Distrital de Sitacocha (Cajamarca) donde se registra el deceso de Esteban Hipólito Valderrama Altamirano. También las fotografías de tres tumbas que llevan los nombres de las víctimas.

Es común  en esta zona que los mineros ilegales están dispuestos a soltar ríos de dinero a los deudos para que entierren o desaparezcan el cadáver y no haya denuncia. Esto habría ocurrido con las víctimas. Sus cadáveres fueron sacados del socavón ilegal de Jorge Espejo Moreno durante la madrugada y llevados a Cajabamba. Las tumbas están en el cementerio de Lluchubamba. Señas suficientes para que el fiscal adjunto Urrutia Castillo haga la constatación y tenga las pruebas necesarias para su investigación.

Las víctimas fallecieron por el derrumbe y por asfixia al inhalar gases tóxicos. Esa tarde los cadáveres no habían sido retirados del socavón. Los familiares exigían la presencia de las autoridades.  Sin embargo, el desinterés y la indiferencia del Ministerio Público para intervenir fue lo que llamó más la atención de los propios efectivos policiales. Y más sorprendente es aún que hasta el día de hoy  el fiscal no haya actuado con firmeza. “Las víctimas fallecieron porque se dio una orden de cerrar el socavón y de prohibir el ingreso de los familiares. La estrategia fue ocultar los cuerpos, pagar indemnizaciones a los deudos y enterrarlos lejos”, cuestionaron  los de la ONG.

En Huamachuco  hay varios caseríos y uno de ellos es ya identificado como la gran guarida de los mineros ilegales de la sierra liberteña: Shiracmaca. Allí  opera Espejo Moreno que  impone su ley y hace lentas las diligencias fiscales en su contra gracias a los ingresos económicos que obtiene de su actividad ilegal.  Es el mismo que increpó a los efectivos de la Policía durante el cierre de la labor ilegal que pertenece a los hermanos Sánchez Ballena, familiares de Ahmed Sánchez Ballena, “Chasqui Bravo”, autonombrado como luchador del Medio Ambiente y pariente directo de los ilegales.

Es increíble que en Huamachuco los familiares de los agraviados tengan que hacer el trabajo de investigación y perseguir el delito que, por mandato constitucional, le corresponde a la fiscalía. Es deficiente el trabajo del Ministerio Público en esta zona del ande.

 


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