En el marco del Megaoperativo de Control, la Contraloría General detectó que la
indemnización por pérdidas en la infraestructura hidráulica mayor e infraestructura eléctrica del canal
madre, canales de integración y canales laterales del Proyecto Especial Chavimochic (PECH), ocurridas
en el 2017 como consecuencia del Fenómeno del Niño, fue pagada en un plazo posterior a lo establecido
en la póliza de seguro; lo que ocasionó un perjuicio económico a la entidad de S/ 2 132 250,68.
El Informe de Auditoría N.º 008-2021-2-0608-AC , elaborado por el Órgano de Control Institucional (OCI)
del PECH, detalla que el siniestro ocurrió por el desbordamiento de las quebradas de Ascope, Trujillo y
Virú y por el deslizamiento de tierras (huaycos) en las zonas que comprende el PECH, ocurridas del 14 al
17 de marzo de 2017; y que tanto el adelanto del 50% como la liquidación final de la indemnización
fueron pagados excediendo el plazo establecido en las bases integradas, propuesta técnica del postor
ganador de la buena pro, contrato y póliza de seguro.
La aseguradora (consorcio) canceló el adelanto y el saldo final de la indemnización con 55 días y 101
días de retraso injustificado, respectivamente.
Asimismo, la constancia de prestación del servicio fue emitida a pesar de no haberse otorgado la
conformidad a la prestación del servicio de seguro de obras públicas terminadas; y no se cauteló la
renovación de la vigencia de la carta fianza ni se aplicó las penalidades por incumplimiento injustificado
en la prestación del servicio e intereses moratorios por demora en el pago; transgrediendo con ello lo
dispuesto en la Ley 30225 – Ley de Contrataciones del Estado, su Reglamento; y la Ley 29946 - Ley de
Contratos de Seguros, entre otras normas.
Para la comisión auditora, estos hechos fueron originados por quienes asumieron -desde marzo de 2017
hasta mayo de 2021- los cargos de jefe de la Oficina de Administración, de Abastecimiento y Servicios
Generales, de Control Patrimonial; responsable de Abastecimiento y Servicios Generales, de Tesorería,
del trámite de expedientes de pago del área de Abastecimiento y Servicios Generales; y cajero del área
de Tesorería. En total son ocho los funcionarios y servidores públicos con presunta responsabilidad civil y
administrativa.
El presente informe de auditoría de cumplimiento ha sido comunicado a la Procuraduría Pública
encargada de los asuntos judiciales de la Contraloría General de la República, para que inicie las
acciones legales contra los funcionarios y servidores públicos comprendidos en los hechos. Los
ciudadanos pueden acceder a los resultados de este informe y de otros servicios, a través de nuestro
Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria
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