Como lo anunció el gobernador regional Manuel Llempén Coronel, fue publicado ayer en el diario oficial el D. S. N° 027-2022-PCM declarando el Estado de Emergencia por inseguridad en las provincias de Trujillo, Pacasmayo, Chepén, Virú y Ascope, por 45 días calendario, precisando que la PNP mantiene el control interno, con apoyo de las Fuerzas Armadas.
La declaratoria fue admitida, evaluada y aprobada por el Consejo de Ministros, con cargo a dar cuenta al Congreso de la República y comienza a regir desde hoy domingo, un día después de su publicación oficial.
Al conocer el contenido de la norma, Llempén lamentó que no se haya precisado el envío a nuestra región de policías se inteligencia y del grupo terna, y que tampoco se indicaba nada sobre algún plan operativo ad hoc, con su respectivo financiamiento, esperando que eso se produzca en los próximos días.
La autoridad regional estuvo gestionando la declaratoria desde el año pasado, considerando la alta cifra de homicidios y el incremento de la actividad delictiva, principalmente en crimen organizado, tráfico de tierras, minería ilegal, narcotráfico y trata de blancas.
“Fuimos claros al pedir que la declaratoria debería estar acompañada de policías de inteligencia. Por cada 250 pobladores se debería tener un policía, según los estándares internacionales. Deberíamos tener 8 mil policías, pero no hay ni la mitad”, dijo Llempén.
El Art. 2 del Decreto Supremo, referido a Suspensión del ejercicio de derechos constitucionales precisa que durante el estado de emergencia quedan suspendidos los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y libertad y seguridad personales comprendidos en los incisos 9, 11, 12 y 24 (literal f) del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.
La intervención de la PNP y las Fuerzas Armadas se efectuará conforme a los dispuesto en el Decreto Legislativo N° 1186, que regula el uso de la fuerza el uso de la fuerza por la Policía Nacional, y el D.L. N° 1095, que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas.
La participación de los gobiernos locales de las provincias incluidas en la emergencia y el Gobierno Regional de La Libertad, se efectuará en el marco de la normatividad vigente en materia de seguridad ciudadana.
El artículo referido al financiamiento señala que la implementación de las acciones previstas en el antes citado D.S se financiarán con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, de conformidad con la normatividad vigente.
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