MANO DURA PONDRÁN A LA MINERÍA ILEGAL EN PATAZ DISTRITO

 Después de escuchar a dirigentes y representantes de mineros artesanales formales del distrito de Pataz sobre la problemática generada por la minería ilegal, delincuencia, bandas organizadas e inseguridad ciudadana, que los ha puesto ‘al borde del abismo’, el gobernador regional Manuel Llempén indicó que se adoptarán medidas de urgencia.

 

Se comprometió a trasladar al Ejecutivo la solicitud de declaratoria de emergencia, pedir que esta se amplíe a las siete provincias del ande y se intervenga a mineros ilegales y delincuentes. “Estamos llegando a niveles muy peligrosos. La minería ilegal se está convirtiendo en un tema insostenible, pero creo que estamos a tiempo de recuperar el control”, dijo.

 

Nos declaramos en reunión permanente, señaló Llempén al término de la reunión en la que también participaron los jefes del Ejército, PNP y Marina, la presidenta de la Junta de Fiscales Superiores, el prefecto, el representante del Consejo de Ministros, funcionarios del GORE y del Comité Regional de Seguridad Ciudadana.

 

Elaboraremos un plan de manera conjunta. Solo podrán trasladar mineral los mineros con inscripción vigente en el Registro Integral de Formalización Minera y en vehículos debidamente autorizados. Hay que cortar el traslado ilegal de ese material. Se van a adoptar acciones inmediatas. No están solos, precisó, exigiendo mayo celo en el control policial.

 

“La delincuencia es el principal problema ahora en nuestra región. La seguridad regional es la prioridad. No es un problema de ahora, pero se ha incrementado. Necesitamos medidas preventivas, disuasivas y reactivas”, indicó Llempén.

 

Por la falta de atención a las denuncias o la libertad de delincuentes, hay una alta percepción de inseguridad, lo que incrementa un círculo vicioso de pesimismo. La ciudadanía ya no denuncia porque no recibe los servicios de la policía y no está contenta con la labor del sistema de justicia. Pero no son las instituciones las que están fallando, lo que está faltando es apoyo del Gobierno Nacional para mejorar su equipamiento e incrementar su personal, acotó.

 

Este problema se agrava en Retamas y Parcoy, donde está Marsa, por lo que es indispensable intervenir a la brevedad.

 

El gerente regional de Energía y Minas, Raúl Araya, adelantó que saldrá una ordenanza reglamentando la compra y venta de minerales. Se dará un plazo máximo de 30 días para que los mineros suspendidos retornen a la legalidad presentando su instrumento ambiental, caso contrario quedarán fuera. “Solo podrán trasladar minerales a depósitos legales”, aseveró.

 

Los mineros artesanales formales explicaron que los anexos Socorro, Vijus y Zarumilla, del distrito de Pataz, son tierra de nadie, que el crimen organizado se viene instalando peligrosamente en las actividades mineras y que hay muertes que no son registradas, pidiendo un mega operativo, previa labor de inteligencia.

 

Hombres y mujeres trabajamos en la mina, pero la codicia ha llevado a la delincuencia a Pataz y estamos prácticamente abandonados. Los parqueros están sacando el material de los socavones de mala manera, porque no están autorizados. Eso es un robo y se llevan la maquinaria y el material; te lo quitan, te amenazan y hasta muertes de menores de edad hay. Tienen gente manejando armas de largo alcance, tomando licor y generando balaceras todos los fines de semana y todo queda oculto.

 

No esperemos a que esto se vuelva tierra de nadie y que la delincuencia nos gane, indicaron, precisando que las rondas se han dividido y esto ha favorecido a la delincuencia. “Nos está ganando la delincuencia, Hay extranjeros de diversa nacionalidad que hacen lo que quieren. Nuestros niños y jóvenes están en grave peligro”, indicaron, exigiendo mayor control policial y que durante el traslado de minerales se verifique su procedencia.

 

A diario salen a Trujillo 35 vehículos con capacidad para 35 toneladas y por cada volquetada de mineral les pagan entre uno a dos millones de soles, sin que los ilegales paguen impuestos o planillas, mientras que a los formales Poderosa solo les paga entre 10 a 20 mil dólares.

 

Según explicaron, trasladan el mineral a Trujillo como si fuera de Ongón, cuando es de Pataz, pero deberían pasar antes por Chagual y tener un sello de la comisaría. No pueden salir directamente por Vijus sin tener ese sello. Se necesita más control, insistieron.

 

Los ilegales y las bandas organizadas se están quedando con las mejores áreas de explotación y socavones, sacando a los formales bajo amenaza con armas de largo alcance y matones.

 

Hay un caos y desorden total. No se puede caminar tranquilo por las calles. No respetan a nadie. Están armados. Dentro de la mina hay unos 500 delincuentes que viven en los socavones y salen a tomar por las tardes o los fines de semana, terminando esas reuniones con drogas, peleas, balaceras y muertes no registradas. Las rondas de Pataz no hacen nada y la policía de Chagual es insuficiente, solo hay diez efectivos.

 

Una teniente me dijo señora no denuncie, no se meta en problemas y no sabemos si están coludidos. No tenemos pruebas para afirmar eso, pero se dice que hasta funcionarios de la minera estarían dando información a los ilegales indicando los socavones por donde entrar y dónde llevar los vehículos para sacar el mineral, refirió una de las dirigentes.

 

Raúl Araya agregó, por otra parte, que en Pataz hay 1,469 mineros artesanales inscritos en Reinfo. 617 están vigentes y 852 suspendidos. Hay dos grupos de mineros en proceso de formalización, los que tienen contrato con Poderosa y otro grupo inscrito en una asociación.