ACCIONES CONJUNTAS POR LA SEGURIDAD CIUDADANA

Intervenciones conjuntas pronto para revertir los índices de inseguridad es el compromiso del nuevo jefe de la III Macro Región Policial, Gral. PNP Augusto Ríos Tiravanti, para lo que demandó la participación de todas las autoridades que integran el Comité Regional de Seguridad Humana, que se reunirá todos los martes en la Casa de Gobierno.

 

Este comité lo integran las principales autoridades regionales y lo preside el gobernador Manuel Llempén, que manifestó su preocupación por los altos niveles de inseguridad a los que se ha llegado en La Libertad y en el país.

 

“Este es un problema nacional que requiere atención del Gobierno Central. Desde La Libertad lo afrontaremos igual que con la pandemia de la covid-19, reuniéndonos semanalmente para planificar lo que se deba hacer, sin esperar a que lo haga el Estado”, dijo.

 

Para ello pidió trabajo conjunto y organizado, agradeciendo al general Ríos por haber iniciado la planificación del trabajo a realizar, ofreciendo su apoyo y pidiendo el compromiso de todas las autoridades participantes.

 

Hubo dos declaratorias de emergencia en cinco provincias, lo que fue un saludo a la bandera, porque no se avanzó mucho debido a la falta de planes específicos, recursos logísticos, presupuesto y personal de inteligencia. Se siguió deteriorando la imagen del sistema de justicia y se acrecentó la percepción negativa de la población respecto a esta labor. La población ya no quiere denunciar y la PNP no puede intervenir si no hay denuncia, señaló.

 

El país está pasando momentos muy difíciles por la crisis política, social, económica y de seguridad ciudadana. Felizmente ya está operativa la Unidad de Flagrancia del Delito, que está dando buenos resultados, agregó Llempén

 

En esta reunión el secretario técnico del comité regional, comandante PNP (r) César Tejada Ruiz, presentó a un equipo de jóvenes practicantes que apoyaran para la creación de un observatorio desde donde se lleve un control estadístico de la criminalidad, como soporte para las acciones a realizar y expuso lineamientos y data sobre seguridad ciudadana.

 

Llempén pidió trabajar pensando en planes y estrategias específicas para cada clase de delito, precisando que en nuestra región priman la delincuencia organizada (extorsiones y sicariato), minería ilegal, trata de blancas, tráfico de drogas, tráfico de tierras y violencia familiar.

ACUERDOS

Los principales acuerdos adoptados en la reunión fueron: impulsar y fortalecer la Unidad de Flagrancia Delictiva, emitir un pronunciamiento público exigiendo a las municipalidades otorgar en cesión en uso las unidades móviles (camionetas y motocicletas) para implementar con la PNP el Patrullaje Integrado, fortalecer el Escuadrón Verde de la PNP, gestionar el Estado de Emergencia por inseguridad  Ciudadana por 90 días en todas las provincias de La Libertad, con preferencia en las provincias del ande excepto Bolívar.

 

También, exigir a las municipalidades mayor control de los locales sin licencias para eventos sociales, coordinar con las municipalidades provinciales mega acciones cívicas en coordinación con el Ejército y con participación de todas las instituciones públicas, sociedad civil y empresas privadas.

 

En esta reunión se precisó que la atención de la seguridad ciudadana es un rol que le compete directamente a los gobiernos locales (municipalidades) y que en estos dos meses que vienen habrá muchos problemas y conflictos por la coyuntura político electoral.

 

El jefe de la III Macro Región Policial adelantó que está alistando un importante equipo de 150 policías seleccionados para reforzar el Patrullaje Integrado -el que actualmente no se cumple- y que se reforzará el Escuadrón Verde para combatir el hurto y robo. También se refirió a otras acciones que está planificando para atacar otros problemas de inseguridad.

 

En esta reunión también participaron Giammpol Taboada Pilco, presidente de la Corte Superior de Justicia de La Libertad; Gral EP César Claudet Morote, comandante general de la 32° Brigada de Infantería; Marena Mendoza Sánchez, presidenta de la Junta Superior de Fiscales; Pablo Ruiz Contreras, prefecto; y José Luis Agüero Lovatón, representante del Defensor del Pueblo en La Libertad.