El Concejo Municipal de Trujillo aprobó por mayoría declarar en emergencia administrativa y financiera, por un plazo máximo de 90 días, a la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) a fin de lograr una gestión equilibrada para el logro de los objetivos y metas propuestas conforme lo establece la Ley de Municipalidades en sus disposiciones complementarias.
Allí se establece que las municipalidades provinciales o distritales, por única vez, por acuerdo adoptado por dos tercios de los miembros del Concejo Municipal, podrán declarar esta emergencia por un plazo máximo de 90 días con el objeto de hacer las reformas, cambios o reorganizaciones que sean necesarias para optimizar sus recursos y funciones, respetando los derechos laborales adquiridos legalmente. .
El alcalde Arturo Fernández Bazán recordó que César Acuña ingresó a la gestión municipal el año 2006 creando los servicios del SEGAT y Seguridad Ciudadana, cargando al municipio miles de trabajadores a los que estamos pagando y seguirán pagando nuestros hijos y nietos.
Parte de las reformas que implicaría la emergencia serían crear un comité para enrumbar los destinos de la municipalidad y ver la reducción de los cuerpos directivos de las OPD, propuso el teniente alcalde Mario Reyna, agregando oficiar al MEF de lo que está pasando para ver un auxilio económico ya que por más que se fortalezcan los servicios de recaudación será muy difícil alcanzar las metas propuestas.
Previamente, al exponer el gerente general del SATT Ylder Vragas Alva, sobre arbitrios municipales; y el gerente de Administración y Finanzas de la MPT, Rubén Enríquez Jacinto, señalaron que la situación era desastrosa, grave y muy delicada.
Gran parte de los S/ 194 millones de ingresos proyectados para este año están destinados al pago de planillas de los trabajadores, aproximadamente el 50%, sin incluir a locadores, contratos CAS y sentencias judiciales, lo que pone en serio riesgo el pago de la remuneraciones y todas las actividades proyectadas desarrollar este año.
“Otras municipalidades, como San Isidro y San Borja, en Lima, no pasan del 14% de su presupuesto para el pago de remuneraciones laborales”, dijo Mario Reyna.
Las deudas por ejecutar este año iban a ser de S/ 62 millones, pero hay que sumar S/ 248 millones por laudos arbitrales que no podrán pagarse este año, lo que implica un déficit que para una entidad privada representaría una quiebra, agregó.
Al respecto el gerente de Administración y Finanzas de la MPT indicó que al hacer un corte al inicio de gestión para saber cuánto se tenía en cada una de las cuentas se detectó que antes de iniciar la gestión había un déficit de más de S/ 6 millones y no se podría asumir compromisos devengados por falta de liquidez, habiendo un riesgo inminente de colapso, por lo que hizo algunas recomendaciones ante el Concejo.
Estas son: fortalecer el proceso de gestión de ingresos impulsando las acciones del Servicio de Administración Tributaria (SATT) para mejorar la recaudación tributaria y no tributaria del ejercicio fiscal 2023; fortalecer el trabajo de las gerencia de Desarrollo Urbano; Transporte, Tránsito y Seguridad Vial; Defensa Civil; Habilitaciones Urbanas, Licencias, etc. En las que se generan ingresos a la entidad; priorizar el uso de los recursos bajo los principios de austeridad, racionalidad y reevaluación de cada una de las actividades programadas para el presente ejercicio fiscal.
Impulsar las acciones de defensa legal ante los expedientes judiciales y laudos arbitrales en proceso con la finalidad de evitar que la situación económica financiera se agrave; invitar a los trabajadores al cese por límite de edad en estricto cumplimiento de las normas pertinentes, de manera programada y sin afectar la liquidez; evaluar la posibilidad de fusionar algunas áreas de la municipalidad; el sinceramiento de la planilla de personal y evaluación de la ejecución periodo 2022 y de la gestión de las OPD para ver cómo incide en el presupuesto Institucional de la MPT, entre otros.
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