La Contraloría General identificó
situaciones adversas en el servicio de seguridad ciudadana, que la
Municipalidad Provincial de Trujillo presta a través de su gerencia especializada.
Detectó que el 76% de las unidades vehiculares no realizan el servicio de
patrullaje las 24 horas del día, en algunos casos por estar inoperativa o por no
contar con la documentación legal para su circulación o estar destinadas a
otros fines; sumado a ello, 30 cámaras de videovigilancia de la Central de
Monitoreo no funcionan.
En el Informe de Visita de Control Nº
003-2023-OCI/0424-SVC efectuada entre el 23 y 27 de enero del año en
curso, se detalló el estado de las 65 camionetas de la Gerencia de Seguridad
Ciudadana de la Municipalidad Provincial de Trujillo, al lunes 23 del pasado
mes. Del total de estas unidades vehiculares asignadas a la Subgerencia de
Seguridad Ciudadana y Comercio Informal 34 están inoperativas, dos asignadas a
otras áreas y solo 25 están operativas, pero 13 de ellas sin el SOAT vigente.
Respecto al estado de los 59
automóviles y 64 motocicletas, el informe indicó que todos los autos adquiridos mediante el Procedimiento
de Selección de Adjudicación Simplificada Nº 27-2022-MPT-1 están sin placa de rodaje y tarjeta de propiedad vehicular, a pesar de
que las bases integradas del procedimiento antes citado indican que el trámite
de la placa de rodaje y tarjeta de propiedad no debe ser mayor de 30 días
calendario, tras el pago del monto total del precio de los vehículos.
La comisión de control verificó que el último pago
efectuado por la compra de las citadas unidades vehiculares se efectuó el 23 de
diciembre de 2022; por tanto, el plazo citado en el párrafo precedente venció
el último 22 de enero de 2023.
Por otro lado, 14 de las 64 motocicletas están inoperativas
por alguna falla o desperfecto mecánico, 30 de las 65 cámaras de video
vigilancia de la Central de Monitoreo no
funcionan y siete de las 20 cámaras que, durante el primer semestre del año
pasado, recibieron el servicio de mantenimiento vienen presentando problemas de
conexión con la fibra óptica, a pesar de que el plazo máximo de la
responsabilidad del contratista que por dicho servicio cobró S/ 122 mil, es de un año.
Todo lo expuesto ya fue comunicado al titular de la
entidad para que adopte las acciones correctivas que correspondan, en el marco
de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, las cuales debe
comunicar a esta entidad fiscalizadora superior en un plazo máximo de cinco
días hábiles. Los ciudadanos pueden acceder
a los resultados de este informe y de otros servicios de control, a través de
nuestro Buscador de Informes de Control y portal www.gob.pe/contraloria
No hay comentarios:
Publicar un comentario