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Un reciente análisis de la Asociación de Contribuyentes muestra que
existe una correlación entre minería ilegal, minería informal, producción de
hoja de coca y niveles altos de violencia.
Hay elementos que “unen” a 7 regiones
del país en el contexto de casi 100 días de protestas que dejaron como saldo
decenas de fallecidos y enormes pérdidas económicas. Se trata de una correlación
directa entre minería ilegal, narcotráfico y participación violenta en las
protestas de las regiones de Lima, Cusco, Madre de Dios, Puno, Ica, La Libertad
y Ayacucho.
La minería ilegal en Perú es un problema
histórico que ha causado daños ambientales significativos en diversas partes
del país. Se estima que esta actividad ilícita ocupa más de 25 millones de
hectáreas en todo el territorio peruano, especialmente en las regiones de Madre
de Dios, Piura, La Libertad, Arequipa, Pasco, Ayacucho, Apurímac y Puno.
Hablamos de decenas de miles de negocios fuera de la ley que movilizarían al
año más de 1,700 millones de dólares.
La minería informal, por su parte afecta
principalmente a las regiones Ayacucho, Apurímac, Madre de Dios, Puno y
Arequipa, donde se calcula que existen en cada una, más de 7500 unidades
mineras que no cumplen con la regulación vigente. En las regiones de Cusco,
Huancavelica, Ica, Lima, Áncash, La Libertad y Piura la concentración de
mineras informales se calcula entre 1500 y 7500 unidades fuera de la normativa.
En cuanto al cultivo de hoja de coca,
insumo prioritario para la elaboración y comercialización de cocaína, Perú
cuenta con 19 zonas con presencia intensiva de cultivos de coca. Estas zonas se
ubican en 13
departamentos, 45 provincias y 169 distritos. El total de
superficie cultivada con coca en estos territorios alcanza las 80,681 hectáreas. Comparada con la superficie
cultivada con hoja de coca en 2020, ahora tenemos 5 zonas adicionales. De estos
13 departamentos, en 7 existe una alta concentración de actividad minera ilegal
e informal.
Así, el cruce de variables, como lo
muestra el mapa a continuación, demuestra que la minería ilegal, informal y el
narcotráfico tuvieron y tienen una fuerte presencia en las zonas donde el
conflicto social escaló a niveles de violencia muy altos.
Este análisis corroboraría lo que
diversas fuentes, testimonios, videos e información oficial venían afirmando:
la organización de los violentistas para atacar, saquear e incendiar
estratégicamente locales de la Policía, Fiscalía y Poder Judicial, tendría
detrás no solo a dirigentes con fines políticos como el Movadef, sino
dirigentes de sectores vinculados a negocios ilícitos como la minería ilegal,
la minería informal, el cultivo de coca y otros que, precisamente, durante el
gobierno de Castillo recibieron una serie de beneficios o simplemente no fueron
combatidos de forma directa.
¿Estuvieron o están estos sectores
detrás de la violencia y su continuidad? ¿Podemos vincular la violencia
desatada en Perú a fines de diciembre del 2022 y durante los dos primeros meses
del 2023 con la ilegalidad? Lamentablemente, no se puede asignar de forma
simple una causalidad, pero los datos pueden ser muy útiles para desarrollar
políticas específicas en estas regiones y prevenir nuevos brotes de violencia
en el futuro.
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